En
numerosos países, hay personas condenadas por haber ayudado a otras. Estas
personas, en nombre de la defensa de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, deciden ayudar a los sin papeles, a las minorías, a extranjeros
o clandestinos. Pero frente a ellos, el Estado, en nombre de la seguridad, los condena
con el argumento de perturbar el orden público. Este delito es también llamado
“delito de solidaridad y de fraternidad”. El delito de solidaridad no existe como
tal en la ley. Pero gracias a otras leyes se condena a activistas por haber
ayudado a personas en situación de precariedad, a víctimas de violencia o de decisiones
inhumanas. Se ha vuelto más común hoy, especialmente en Francia, donde desde la
instauración del estado de urgencia y la crisis migratoria, que más personas intenten
ayudar a los demás. Y están condenados.
El
12 de junio de 2015, François et Christian, dos activistas del Colectivo
Romeurope del Val Maubuée, fueron condenados por violencia a la autoridad
pública. Es decir, por violencia contra la policía. ¿Qué ha pasado? ¿Han
intentado realmente agredir a los policías?
El
27 de enero de 2015, hacia las 7 de la mañana, en los municipios de Noisiel y
de Champs Sur Marne (al este de Paris) la temperatura rondaba los 2º. Pero eso no disuadió a
los agentes del orden público de iniciar la expulsión de más de 300 personas
gitanas de un barrio de chabolas: recién nacidos, bebés, personas mayores, enfermas,
discapacitados… todos fueron expulsados a la calle. Sin hablar de la moralidad
discutible de la expulsión, su legalidad es también discutible (muy a menudo,
en Francia, las expulsiones se hacen en la frontera de la legalidad e incluso
fuera de ella). No les ofrecieron ninguna solución de alojamiento de urgencia o
de vivienda.
Viendo eso, activistas y ciudadanos
decidieron por ellos mismos dar a estas personas un abrigo del frio y del mal
tiempo en locales anexos al ayuntamiento de Noisiel. Pero la policía se opuso a
la ocupación del lugar. Intentando bloquear el pasaje, sobrevino una estampida
y algunos agentes del orden público fueron empujados. ¿Cómo saber en este caso quién
es el responsable? Los policias decidieron acusar más tarde a los dos activistas
y durante la detención de François, él habría rechazado colaborar.
Según eso, los dos activistas son
perseguidos por violencia contra agentes de policía. El tribunal de gran
instancia de Meaux los condena por violencia voluntaria contra la policial. Los
dos están condenados a una multa penal (2 000€ uno y 800€ el otro) y al pago de
indemnizaciones a las partes civiles, agentes de policía municipales y
nacionales y a la municipalidad de Noisiel (7960€).
El fallo ha pasado la apelación el 12
de mayo pasado (la deliberación fue el 7 de julio de 2017). El tribunal ha
mantenido el pago de las indemnizaciones (pero ha disminuido el montante),
manteniendo las multas penales. Para François ha recalificado la acusación de
violencia voluntaria sobre un policía municipal en acto de rebelión.
Así que se acaba esta historia. La
historia de dos activistas por los derechos humanos que querían solamente
ayudar a varios gitanos expulsados indignamente, sin ningún respecto por sus
derechos, y por eso fueron tratados como delincuentes violentos.
Pauline Cherbonnier
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